Portal de información sobre  ayudas a la vivienda para jóvenes

Según la Ley 30/1992 (artículo 38.4) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común las solicitudes dirigidas a los órganos de las Administraciones públicas pueden presentarse:

A. En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. 

B. En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a: a. La Administración General del Estado, b. Cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, c. Entidades de la Administración Local si tienen convenio. 

C. En las oficinas de Correos. Según el Reglamento de la prestación de servicios postales (artículo 31), las solicitudes que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas a través de correos, se presentarán en sobre abierto, para que en la cabecera de la primera hoja del documento conste con claridad el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. Esto deberá figurar también en el resguardo justificativo de su admisión. El solicitante también podrá exigir que se hagan constar las circunstancias del envío, previa comparación de su identidad con el original, en la primera página de la copia o fotocopia que se envía, para que sirva como recibo que acredite la presentación de aquél ante el órgano administrativo competente. Después de esto, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de admisión. Los envíos aceptados por Correos, siguiendo estos pasos se considerarán debidamente presentados.

D. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

E. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

El silencio administrativo se produce cuando una persona le hace una petición a la Administración y ésta no le contesta en el plazo previsto, cuando no hay una resolución expresa. Puede tener efectos positivos o estimatorios porque se acepta la petición ó efectos negativos o desestimatorios cuando se rechaza la petición.

La descalificación voluntaria tiene lugar cuando el propietario de una vivienda de protección oficial solicita, una vez transcurrido el plazo que establezca el Plan de Vivienda al que esté acogida, que esta vivienda deje de estar bajo este régimen y se convierta en vivienda libre, con las consecuencias legales que conlleva (entre ellas la devolución de las ayudas recibidas).

La permuta es la cesión de una cosa por otra. No hay dinero ni precio en el intercambio, sino simplemente un cambio de un objeto por otro.

Según el Decreto 2/2003 (artículo 15) aquellos documentos que se dirijan a cualquier órgano de la Administración de la Junta de Castilla y León podrán ser presentados de forma presencial:

A. En el registro de:

-El órgano administrativo al que se dirija.

-Los órganos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León.

-Los Organismos Autónomos de ella dependientes.

-Los órganos de la Administración General del Estado.

-Losórganos de cualquier otra Administración Autonómica.

-Las Corporaciones Locales que tengan un convenio con la Administración de esta Comunidad Autónoma para actuar como registro concertado.

B. En las oficinas de correos, de acuerdo con su normativa específica.

C. En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su normativa.

D. En cualquier otro órgano que indique una norma específica. Asimismo, podrán presentar de forma presencial, en el registro de la Administración de la Junta de Castilla y León cualquier documento en papel que se dirija a la Administración General del Estado, a cualquier otra Administración Autonómica o alguna de las Entidades que forman parte de la administración local.

La calificación es un procedimiento administrativo a través del cual se comprueba si una vivienda cumple con toda la normativa y las características exigidas a las viviendas de protección oficial y, en caso afirmativo, puede ser declarada como tal, a los efectos que correspondan. La calificación de una vivienda como vivienda protegida se inicia siempre a petición del interesado y en dicho procedimiento podemos distinguir la primera fase o calificación provisional y la segunda fase o calificación definitiva.

Es la primera fase o trámite inicial en el procedimiento de calificación de una vivienda como protegida. Para su concesión se comprobará si, en principio, la vivienda o viviendas cumplen con la legalidad y con las características que son exigidas a las viviendas de protección oficial, en base a la normativa vigente.

Es la resolución por la que, una vez finalizadas las obras de edificación y urbanización y previa obtención de la calificación provisional, se declara que el inmueble o la promoción cumple con las características exigidas a las viviendas protegidas.

Es el documento que regula las relaciones entre el propietario, el promotor del proyecto y los contratistas que lo van a ejecutar. Deberá describir las condiciones generales del trabajo, la descripción del mismo, los planos que lo definen, la localización y el emplazamiento. Suelen dividirse en tres tipos: pliego de condiciones generales, pliego de prescripciones técnicas particulares, y pliego de cláusulas administrativas particulares.

Contempla los derechos de presentación de escritos y documentos. Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar escritos y documentos en cualquier registro dependiente de la Administración autonómica, así como a obtener constancia de dicha presentación. Los encargados de los registros no podrán limitar o impedir la presentación por razones formales o derivadas del contenido del escrito, salvo en el caso de que del mismo documento no puedan extraer la información mínima necesaria para su tramitación.

Están indicadas en la Resolución de 29 de enero de 2008 de la Consejería de Administraciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 37, de 18 de febrero de 2008. Accesible en http://pagina.jccm.es/admpub/oficinas_registro/index.htm  

Medio previsto en la normativa procesal para la impugnación, desestimación o desaprobación de las sentencias dictadas por los órganos judiciales.

Acto administrativo emitido por el órgano autonómico competente en materia de vivienda, en el que se declara la protección de una vivienda protegida y se especifican sus características y su precio máximo.

Es el procedimiento por el cual una persona física o entidad jurídica puede participar libremente en un concurso público en igualdad de condiciones frente al resto de participantes, y de acuerdo con los criterios y baremos establecidos en la norma reguladora, siendo el adjudicatario o beneficiario de dicho concurso si presenta la adecuada y mejor opción o candidatura en comparación con el resto de los participantes.

La "Ventanilla Única" es un proyecto que pretende acercar la administración al ciudadano y establecer una mayor colaboración entre las tres administraciones intervinientes: la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales.

Su principal objetivo es permitir la presentación de todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del Estado, a la Administración de la Comunidad Autónoma y a los organismos públicos dependientes de ambas, en cualquiera de los registros ubicados en los municipios de la región, y establecer un sistema de información completa sobre las tres administraciones intervinientes.

Es el instrumento empleado por una Administración Pública dirigido a facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda protegida y, en algunos casos, libre, mediante una inscripción que incluya a los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos para acceder a dicha vivienda (mayoría de edad, empadronamiento, ingresos familiares, etc.). Además, servirá como medio de control en la adjudicación de este tipo de viviendas y permitirá conocer el número real de población que cumple con los requisitos exigidos para su solicitud.